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Disyuntiva neoliberal

En un momento en el que México pone en tela de juicio su modelo de apertura y baja intervención estatal, un experimento de política económica en Brasil pudiera arrojar luz sobre la trayectoria fiscal del país de cara al 2018, un claro punto de inflexión

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El gobierno de Temer pretende blindar su legado reformista con una ley que prohíbe elevar el gasto público por arriba de un techo
“Aún y cuando podría garantizar cierta confianza para el mercado, la idea de un techo para el gasto futuro presenta debilidades importantes”
Filipe Campante y Dani Rodrik
Profesores de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard
La elección presidencial de 2018 es vista como un referéndum de la política económica que está en tela de juicio por el TLCAN

Desde que el Partido de los Trabajadores de Brasil tomó el poder en el 2003, las dos mayores economías de América Latina han tomado rumbos divergentes.

México ha optado por un modelo de apertura comercial y disciplina macroeconómica, en detrimento del crecimiento económico y salarial.

Brasil, por otra parte, apostó por una mayor intervención del Estado, en la que el elevado gasto público presentó un fuerte componente de desarrollo social. Este modelo se financió a partir de una política monetaria relativamente laxa y por la exportación de materias primas de bajo valor agregado.

La diferencia entre México y Brasil se acentúa en su mezcla de exportaciones, así como en los factores de los que éstas dependen. Uno desarrolló una plataforma manufacturera fincada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la cual depende en gran medida de los vaivenes económicos del mercado estadounidense y de la voluntad política del gobierno americano. El otro basó el financiamiento de todo su modelo en el supuesto de que los precios de las materias primas se mantendrían en niveles históricamente altos.

Hoy, ambos modelos se encuentran en entredicho. Desde que México instauró un modelo de apertura gradual, proceso que sus críticos insisten en denominar como neoliberalismo, la economía ha crecido a una tasa promedio anual de 2.3 por ciento en las últimas tres décadas.

La historia de Brasil es diferente. Entre el 2003 y el 2013, último año de la bonanza del mercado de materias primas, la economía brasileña creció a una tasa anual promedio de 3.9 por ciento. En el 2010, el país creció a una tasa de más de 7 por ciento.  En ese momento, cuando el mundo aún enfrentaba los costos de la crisis financiera de 2008, Brasil fue referido como la promesa emergente que impulsaría a la demanda global.

Sin embargo, en el 2014, China, el principal mercado de exportación de Brasil, presentó una fuerte desaceleración que provocó una debacle en el mercado de materias primas. En los años subsecuentes, Brasil entraría en su peor recesión desde la Gran Depresión: la economía se contrajo -3.8 por ciento en 2015 y -3.6 por ciento en 2016, la inflación rebasó el límite psicológico del 10 por ciento, la tasa de interés de referencia del banco central tuvo que escalar a un nivel de 14.25 por ciento, la deuda pública superó la razón del 70.7 por ciento del producto interno bruto (PIB) y el déficit fiscal primario sobrepasó el umbral del 3 por ciento del PIB.

La crisis económica brasileña también tuvo otra consecuencia: una crisis política marcada por la mayor investigación de corrupción en la historia de ese país, el caso Lava Jato.

Cambio de modelo

Paradójicamente, esta inestabilidad política abrió la puerta para un cambio de régimen económico. Michel Temer sustituyó a Dilma Rousseff en la presidencia e instauró un gobierno de corte tecnocrático. Con la salida del Partido de los Trabajadores del poder ejecutivo, se emprendieron reformas amigables al mercado.

Pero el cambio no es definitivo. Temer  está bajo investigación judicial y el consenso de analistas ve poco probable que termine su mandato.

El expresidente Lula da Silva, la figura emblema del Partido de los Trabajadores, ha iniciado un movimiento para volver al poder.

El gobierno de Temer pretende blindar su legado reformista. El Congreso brasileño aprobó una ley que prohíbe elevar el gasto público (excluyendo los pagos de intereses) más allá de un techo establecido por los legisladores.  La medida, abocada a reducir la carga de deuda y a estabilizar las finanzas públicas para ganar la confianza del mercado, ha sido recibida con escepticismo.

Dani Rodrik, profesor de Economía Política de la Universidad de Harvard, y Filipe Campante, profesor de política pública en el mismo instituto, consideran que existen pocos argumentos para justificar esta medida. Si bien, el gasto público de Brasil representa alrededor del 36 por ciento del PIB (inusualmente alto para sus pares emergentes de tamaño similar), el techo daña severamente la flexibilidad del Estado para actuar en casos particulares.

Además, no contempla una diferencia entre gasto corriente y gasto de inversión, lo cual no abona a una mejora en la calidad del gasto público.

Sin embargo, los economistas explican que hay un caso específico para el cual esta política podría ser funcional: en un escenario en el que las autoridades brasileñas hayan perdido la credibilidad del mercado. Aún así, para todo fin práctico, argumentan, la medida es insostenible.

Lección para México

El caso es particularmente relevante para México. En primera instancia, porque su modelo económico se enfrenta a un punto de inflexión. La elección presidencial de 2018 es vista en gran medida como un referéndum de la política económica de las últimas dos décadas, hoy en tela de juicio por la negociación del TLCAN.

De acuerdo al banco UBS, las propuestas de una política fiscal expansiva de Andrés Manuel López Obrador, quien lidera las encuestas de cara al proceso electoral, representan un riesgo para la estabilidad fiscal del país.

En segunda instancia, porque el andamiaje financiero mexicano ha vuelto a la economía  vulnerable a shocks en los mercados. El hecho de que la inflación se encuentra en su mayor nivel en ocho años se debe parcialmente al traspaso del efecto de la depreciación del peso frente al dólar.

Dicho esto, México y Brasil podrían volver a tomar rumbos divergentes: uno podría regresar a una política de intervencionismo estatal más activo y otro hacia un modelo que está en línea con los valores “neoliberales”.

Las implicaciones y vulnerabilidades de los dos esquemas están sobre la mesa. Al final, en cada caso, la decisión la determinará factores políticos.

Modelos divergentes

 
 

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