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Abarrotes ‘Puente Grande’

Aunque la Fiscalía de Jalisco asegura que las tiendas al interior de las cárceles locales fueron cedidas al CJNG por el exgobernador Emilio González, el actual gobierno no las ha cambiado de manos; entre 2009 y 2015 generaron ingresos de al menos 421 MDP en medio del vacío legal

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“La Fiscalía de Reinserción Social informó que los encargados de cada tienda son los propios reclusos (…) la designación que se realizó a los encargados de las tiendas fue anterior a esta Administración”
Oficio de Fiscalía, FG/UT/7115/2016
28 octubre de 2016
“Se desconoce el monto de las ganancias de dichas ventas y el destino de las mismas, porque no está dentro de las atribuciones o funciones de este sujeto obligado el ser regulador comercial”
Fiscalía estatal, recurso de revisión 1725/2016
Del 3 de marzo 2017
Cada una de las 38 tiendas carcelarias la maneja un recluso cuyo nombre está clasificado como confidencial

Las tiendas que operan al interior del sistema penitenciario de Jalisco y que, según las autoridades, se volvieron un mecanismo de financiamiento del crimen organizado en el estado, están lejos de retornar a la rectoría plena del Gobierno estatal.

Aunque el fiscal Eduardo Almaguer Ramírez ha afirmado que estas tiendas fueron entregadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el gobierno de Emilio González Márquez, particularmente las de Puente Grande, informes oficiales revelan que aún hoy se mantiene en todas a los encargados que designó el sexenio panista.

La Fiscalía se refiere a las 38 tiendas carcelarias como “concesiones”, cada una en manos de un recluso cuyo nombre está clasificado como información confidencial, por lo que no es posible conocer a los beneficiarios de este gran mercado cautivo de 17 mil internos. 

Su contabilidad diaria también es un punto ciego para la Fiscalía, que desconoce su monto de ventas, de utilidades, además de que esta se dice sin facultades para regular la fijación de precios a los productos, lo que queda a discreción de cada local.

Pero hay un dato seguro: las tiendas generaron ingresos no menores a los 421.5 millones de pesos (MDP) de 2009 a 2015, pues eso fue lo que erogaron para surtirse, lo que habla del volumen del negocio.

Nace el autogobierno

El pasado 9 de mayo que se difundía la narcofiesta de 2013 del CJNG en la cárcel preventiva de Puente Grande, el fiscal habló sobre el origen del autogobierno y el rol de las tiendas.

Aquel video evidenciaba el dominio del recluso José Luis Gutiérrez Valencia -“Don Chelo”- del CJNG, a quien se le oye decir: “Aquí no hay más quien manda (…) Yo aquí hago lo que quiera”, por lo que el funcionario tuvo que explicar lo siguiente:

“Esta administración estatal que entró en funciones el 1 de marzo de 2013 tuvo conocimiento de los excesos y desorden que se vivían en el interior del penal”, entre estos:

“La entrega de la administración de las tiendas ocurridas en el segundo semestre del 2006, y operadas por quien en ese entonces fue nombrado de facto responsable de los reclusorios de Puente Grande, el señor Sergio Kurt Schmidt Sandoval”.

Este último “detenido el 19 de agosto de 2016 como operador financiero del CJNG; este encargo (en Puente Grande) le fue entregado por el anterior gobernador, Emilio González Márquez”.

Contrasta, por eso, que el fiscal afirme que las tiendas se cedieron al CJNG, pero siga sin remover a sus titulares, como indicó en el recurso de revisión 1725/2016 del 3 de marzo 2017: “dichas concesiones fueron otorgadas años atrás, y no por la presente administración (oficio FG/UT/1683/2017)”.

Es decir, que las tiendas del sistema carcelario no han cambiado de manos en el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz, como lo confirma otro oficio de Fiscalía, el FG/UT/7115/2016, del 28 octubre 2016:

“La Fiscalía de Reinserción Social informó que los encargados de cada tienda son los propios reclusos (…) la designación que se realizó a los encargados de las tiendas fue anterior a esta Administración”.

El descontrol

Otros elementos que muestran que la Fiscalía no tiene el control de las tiendas, es el desconocimiento de la contabilidad y el vacío legal en que operan.

La administración de cada tienda “realiza directamente por el interno (…) la ganancia que pudiera tener el interno a la venta del producto es directamente recibido por el mismo (…) no es administrado por la Comercializadora o la Fiscalía de Reinserción Social”.

Es una actividad económica que la tienda “no tiene ninguna obligación de reportar a este sujeto obligado, o a la inversa que este tenga la obligación de conocer”, dice en el recurso de transparencia. 

La Fiscalía tiene una Comercializadora, pero con facultades muy limitadas, pues es un mero intermediario entre estos puntos de venta y los proveedores externos: solo recibe las peticiones de compra y los pagos que hace llegar a los segundos..

Dicho ente “se limita en recibir la solicitud del encargado de la tienda, analizar que sean de los productos que no tienen restricción alguna para su comercialización interna y se procede a su compra en las tiendas comerciales”.

El negocio

Son los informes de la Comercializadora de la Fiscalía los que muestran que las tiendas gastaron  421.5 millones de pesos de 2009 a 2015 para surtirse, o un promedio anual de 60.2 MDP, pero a ello habría que añadir el margen de ganancia que aquellas impusieron ya en la venta, lo que se ignora.

Otro punto oscuro es que en ese mismo lapso la Comercializadora pagó por los productos que le solicitaron 408.4 MDP, por lo que le generó una utilidad directamente a la Fiscalía de 13.1 MDP, de estos, 11.4 MDP para este gobierno priista.

La Fiscalía no precisó el destino de ese remanente. y aunque el fiscal aseguró ese 9 de mayo que había recuperado el control de 14 tiendas, estos informes no avalan esos dichos. Ese día narró que en febrero de 2016 inició un primer operativo en Puente Grande por el que “recibió diversas amenazas por parte de quienes eran beneficiados con los recursos que se obtenían”.

Y que en esa misma fecha instruyó “iniciar con el desmantelamiento del control que tenía este grupo de internos sobre las 14 tiendas que operan dentro del reclusorio preventivo”, y afirmó:

“Actualmente estas 14 tiendas están bajo el control de la autoridad estatal a través de la Comercializadora de Abastos y de Ventas mediante la cual se hace el control de lo que ingresa, de lo que se vende y por supuesto de quienes tienen bajo su responsabilidad estos lugares”.

Negocio redondo

Operación de la Comercializadora de Fiscalía, intermediaria de las tiendas carcelarias en Jalisco:

 
 

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